“¿Está usted de acuerdo, Sí o No, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agrícola y turística del municipio, con motivo de proyectos mineros?”. Esa era la pregunta que el próximo 30 de octubre iban a responder los ibaguereños para decidir el futuro de su territorio. La razón principal tiene que ver con los impactos que tendría la extracción de oro en La Colosa, un ambicioso proyecto de la Anglo Gold Ashanti que busca extraer 33 millones de onzas de oro a partir de 2020.

Sin embargo, la consulta popular quedó frenada en seco cuando este jueves el Consejo de Estado decidió suspenderla provisionalmente hasta que se “tome una decisión de fondo” sobre la tutela interpuesta por Alberto Enrique Cruz, presidente de la Asociación Minera y de Hidrocarburos del Tolima, quien considera que la pregunta, tal como está planteada, contiene elementos valorativos que inducen al no y podrían vulnerar los derechos laborales de cientos de personas que se dedican a la extracción de materiales en la zona.

Para el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, la decisión cayó como un baldado de agua fría por dos razones: la pregunta ya había sido aprobada por el Tribunal Administrativo del Tolima y la Corte Constitucional ya les había dado un espaldarazo a los mandatarios locales para que decidieran sobre el uso del subsuelo. Lo que significa que pueden aprobar o no la minería.

Concretamente, el alto tribunal aseguró que “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medioambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.

La Corte criticó que el Gobierno haya construido “toda una política minera sin contar con los adecuados estudios técnicos, sociológicos y científicos que permitan evaluar los impactos que genera dicha actividad sobre los territorios”, por lo que le ordenó al Gobierno crear, en un plazo máximo de dos años, una mesa de expertos para identificar, técnicamente y con un sustento más robusto, los riesgos de dicha actividad.

El alcalde ha reiterado en varias ocasiones que se está oponiendo a la minería a cielo abierto, contaminante, que puede poner en riesgo las aguas de los ríos Totare, Combeima y Coello como consecuencia del uso del cianuro y mercurio, pero que no está en contra de la minería artesanal “donde sacan arena y balastro”.

“Queremos ser un departamento verde, saludable, productivo y en paz. No queremos ser Cajamarca o La Guajira, con nuestras 30.000 hectáreas arrasadas, sembradas de hambre, miseria y sed”, le dijo Jaramillo a Semana.

El asesor de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Carlos Lozano Acosta, cree que la “decisión del Consejo de Estado pone en riesgo los derechos fundamentales de la ciudad de Ibagué que iban a ser protegidos en la consulta popular”.

Por ahora, Ibagué, que iba a convertirse en la primera capital colombiana en someter a votación un tema tan robusto y de tantos intereses, como el de la minería, tendrá que seguir esperando. La decisión sigue estando en el limbo.

, Se suspende consulta popular de minería en Ibagué, http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/se-suspende-consulta-popular-de-mineria-ibague-articulo-660246, http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/feed, ELESPECTADOR.COM – Medio Ambiente,


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