Después de una maraña de discusiones y dilataciones, que se vienen dando desde inicios de este año, el Consejo de Estado le dio luz verde a la consulta popular minera en la capital tolimense para que sean los ibaguereños quienes decidan si quieren o no minería en su territorio.

La decisión la tomó la Sección Cuarta, con ponencia del magistrado Hugo Bastidas, quien pidió que se modificara la pregunta propuesta por el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, por considerar que “coarta la libertad del elector, es negativa sobre las actividades mineras y, además, no cumple con los requisitos de claridad, imparcialidad y objetividad”.

La pregunta de Jaramillo era: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”. En ella tenía en cuenta los impactos ambientales que podría suponer esta actividad en la zona, con especial atención en el proyecto La Colosa, en Cajamarca, donde la empresa Anglo Gold Ashanti espera extraer 33 millones de onzas de oro.

El interrogante ya fue aplazado en dos oportunidades. El 2 de octubre por cruzarse con la votación del plebiscito por la paz, y luego el 30 de octubre, que buscaba analizar si la pregunta tiene elementos valorativos que inducen al no y podrían vulnerar los derechos laborales de cientos de personas que se dedican a la extracción de materiales.

En su defecto, el Consejo de Estado sugirió que la pregunta a someter a consulta popular debería ser: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras?”.

Para Diana Rodríguez, coordinadora de la línea de justicia ambiental en Dejusticia, la sentencia es positiva porque corrobora que las consultas populares sobre temas mineros son legales y no violan el derecho al trabajo ni al debido proceso, como se quiso hacer ver desde un principio con una oleada de tutelas proveniente de pequeñas y grandes empresas mineras.

Sin embargo, el problema para Rodríguez tiene que ver con la pregunta en sí, pues “es muy amplia, puede generar confusión y no le explica al votante a qué tipo de minería se refiere”. A diferencia de la propuesta de Jaramillo, que tiene que ver exclusivamente con la minería contaminante, la del Consejo de Estado no diferencia entre minería de carbón, de metales, de arrastre o socavón, lo que podría generar preocupación y desinformación entre los ciudadanos.

Algo similar piensa Renzo García, miembro del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, al considerar que el Consejo “privilegia la democracia y el derecho colectivo al ambiente sano de los ibaguereños por encima de la dictadura minera del Gobierno Nacional”. Pero también está preocupado por la pregunta, pues supone que no han entendido lo que se quiere: rechazar la minería contaminante y no la actividad en general.

“No estamos en contra del palero que saca arena del río Combeima. Nos oponemos a la minería que contamina suelos, agua, aire y afecta la vocación agrícola-ecoturística de Ibagué y, en general, a las actividades extractivas que ponen en riesgo nuestro derecho constitucional al ambiente sano e incrementan el problema del cambio climático”, sostiene García.

¿Qué pasará ahora?

El panorama es incierto, más cuando no se conoce en su totalidad el comunicado del Consejo de Estado, pero se podría hablar de cuatro posibles escenarios. Primero, el alcalde Jaramillo retira por completo la consulta popular minera y la vuelve a presentar ante el Concejo Municipal, esta vez con una pregunta diferente, e inicia nuevamente el proceso jurídico.

Segundo, el alcalde sigue la sugerencia del Consejo de Estado y hace la consulta con la nueva pregunta, arriesgándose a que gane el No, dadas las múltiples interpretaciones que podría hacer la ciudadanía.

Otra opción es que no se haga ninguna consulta popular y se regule la actividad minera a través de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), perdiendo así el poder simbólico que ha generado esta iniciativa. Y por último, podría hacerse una nueva consulta popular, pero por iniciativa de la ciudadanía, que conformaría un comité para recoger firmas y apoyar una nueva pregunta. Mientras esto se decide, el pronunciamiento del Consejo de Estado es solo una propuesta pues es un fallo de tutela de primera instancia y todavía se puede demandar.  

, El tortuoso camino de la consulta popular minera en Ibagué, http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/el-tortuoso-camino-de-consulta-popular-minera-ibague-articulo-670729, http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/feed, ELESPECTADOR.COM – Medio Ambiente,


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jose Raul Lopez Daza